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9 de Septiembre de 2021

La DGT y el AJD: un paso en el buen camino

Haciendo un poco de historia, recordaremos que hasta hace poco, si se preguntaba a los fiscalistas por la tributación de la novación de un préstamo garantizado con hipoteca (por simplificar el supuesto de hecho), nuestra respuesta, al menos la prudente, solía generar pavor en nuestros compañeros o clientes: mucho cuidado con el contenido de la modificación y con su formalización.

Nuestro temor se derivaba del hecho de que cualquier novación del préstamo o de la hipoteca que tuviera contenido económico, fuera inscribible en el registro de la propiedad y se documentara en escritura pública cumplía los requisitos para estar sujeta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (el "AJD"). Y además, en ausencia de un criterio en sentido contrario, los antecedentes indicaban que, una vez determinada la sujeción, la tributación partiría de una base imponible igual a la responsabilidad garantizada total. Esto es, se creaba la ficción, de alguna manera, de que se otorgaba una nueva hipoteca sobre el préstamo con las condiciones posteriores a la novación.

Aquello era una barbaridad, pues suponía una doble tributación pero, como decimos, los precedentes y nuestra habitual aproximación prudente fundada sobre todo en nuestro conocimiento de la agresividad de la administración, llevaban incluso a recomendar no ejecutar determinadas modificaciones (que por motivos de negocio sí habrían tenido lugar) para no incurrir en un coste fiscal claramente desproporcionado y, por qué no decirlo, poco razonable.

Es verdad que algunas de estas modificaciones (cambios en el plazo o en el tipo de interés del préstamo) pueden beneficiarse de la exención prevista en la Ley 2/1994 cuando la entidad acreedora es una entidad financiera. Pero no es menos cierto que en los últimos años ha crecido de manera muy significativa la participación en el mundo financiero de agentes distintos a las entidades financieras en sentido estricto, tendencia que entendemos que se acentuará en los próximos años.

Teniendo lo anterior en cuenta, es de especial relevancia el criterio marcado por el Tribunal Supremo por primera vez en su sentencia de 13 de marzo de 2019, estableciendo que, de ninguna manera la base imponible en una novación de préstamo hipotecario puede ser la totalidad de la responsabilidad hipotecaria, sino que debe calcularse atendiendo al contenido material de la novación, esto es, al contenido económico de las cláusulas financieras susceptibles de valoración que determinan la capacidad económica que puede gravarse.

Es decir, el principio de capacidad económica y, en nuestra opinión, la obligación de evitar una doble imposición obvia si tenemos en cuenta la tributación inicial de la hipoteca (aquí sí por el importe total garantizado), llevaron al Supremo a corregir aquellos excesos originales. Pero, siendo positiva, la sentencia citada no entraba a especificar la cuantificación de la base imponible para los distintos escenarios posibles, en particular para las modificaciones relativas al plazo, al tipo de interés o al método de amortización de los préstamos.

La consulta del pasado 16 de agosto soluciona esta carencia de la Sentencia del Supremo, si bien parcialmente, al establecer el criterio de cálculo de la base imponible en casos de modificación del plazo de la deuda. Sin perjuicio de la crítica de fondo al criterio establecido ya que, en nuestra opinión, no debería haber base imponible salvo que se alterara la responsabilidad garantizada, no cabe sino juzgar de manera positiva una solución objetiva y práctica que, además, reduce significativamente el impacto en AJD de estas operaciones. Así, en adelante, deberá tributarse exclusivamente por el importe correspondiente a los intereses añadidos y los costes adicionales derivados de la ampliación de plazo.

Por tanto, no cabe sino considerar esta novedad como un paso positivo para eliminar incertidumbre y reducir potenciales costes que impedían aliviar la situación financiera de particulares y empresas.

No obstante, y estamos seguro de que ya se esperaba la adversativa tras el elogio anterior, a su vez la resolución plantea dudas respecto de su aplicación a otros escenarios (en particular aquellos en los que los costes para el prestatario como consecuencia de la novación no aumentan sino que se reducen), por lo que sería deseable una mayor diligencia por parte de la DGT confirmando los criterios aplicables en relación con el resto de novaciones posibles y reduciendo la inseguridad jurídica (que debería ser el enemigo público número uno de la reactivación económica).

En cualquier caso, y dado que no podemos anticipar los próximos capítulos, celebremos este, que no estamos acostumbrados a las buenas noticias últimamente.

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